El jefe comunista alto cargo de Sánchez acusa a los policías de ignorar la «presunción de inocencia»

El secretario de Estado para la Agenda 2030 del Gobierno de Pedro Sánchez y ponente de la nueva ley de Seguridad Ciudadana, Enrique Santiago, ha arremetido contra los policías y guardias civiles que se han manifestado este sábado en Madrid en señal de protesta ante la indefensión que les generará dicha norma, que se tramita ahora en el Congreso de los Diputados.  El diputado de Unidas Podemos y líder del Partido Comunista (PCE) ha acusado a los agentes de querer «suprimir la presunción de inocencia» con su oposición a la reforma que pretende implantar el Ejecutivo de PSOE y Podemos, apoyado en sus socios nacionalistas, separatistas y proetarras.

Mientras 150.000 personas, según los organizadores, recorrían el centro de Madrid bajo el lema ‘No a esta reforma, no a la inseguridad ciudadana, afecta a todos’, este alto cargo de Sánchez se reunía en Sevilla con miembros de «las Marchas de la Dignidad, pensionistas, el movimiento republicano y vecinal, colectivos LGTBI condenados por el caso del autobús tránsfobo de ‘Hazte Oír’, así como con cargos públicos que han sido expedientados a causa de la ley mordaza», indicó el PCE en un comunicado.

El pasado mayo, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena de dos años y cinco meses de cárcel impuesta a un activista que en los disturbios de las autodenominadas ‘Marchas de la Dignidad’ celebradas en 2015 en Madrid provocó desórdenes públicos y lanzó incluso varios cohetes a los agentes de Policía Nacional allí desplegados.

En declaraciones a la prensa, Enrique Santiago ha arremetido contra los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil por estar planteando, ha dicho, «el recorte de derechos fundamentales de los ciudadanos», y pedir, según la versión del líder comunista, «la limitación del derecho de reunión o manifestación o que se suprima la presunción de inocencia», cuando su función es «servir y proteger, garantizar los derechos de todos los ciudadanos», ha remachado.

Además, Santiago ha acusado a los representantes de más de 40 organizaciones profesionales de distintos Cuerpos y Fuerzas de seguridad, de haber «entrado en el juego de la derecha y la ultraderecha para desgastar al Gobierno». En este contexto, el que fuera asesor de la narcoguerrilla colombiana de las FARC también ha subrayado que «la inseguridad en este país la crea los recortes de derechos, en servicios públicos o la desindustrialización y la pérdida de puestos de trabajo».

Enrique Santiago, negociador de Unidas Podemos en las enmiendas a la proposición de ley del PNV de reforma de la ley Seguridad Ciudadana de 2015, ha dicho que los cambios planteados por los socialcomunistas buscan devolver al país a los «niveles óptimos de democracia, de libertad de expresión y de garantías constitucionales para manifestarse y protestar libremente».

Principio de autoridad

Por su parte, los policías y guardias civiles han denunciado que con dicha reforma se relaja la regulación en la difusión de imágenes grabadas a los agentes en el ejercicio de su actividad profesional y se «elimina la presunción de veracidad, con el consiguiente daño al ya perjudicado principio de autoridad».

Además, cuestionan la posibilidad de celebrar manifestaciones no comunicadas, ya que ello merma gravemente su capacidad de preparar dispositivos de seguridad adecuados en prevención de posibles actos violentos simultáneos. Y lo mismo ocurre, critican, con la «inoperatividad» que supondrá la reducción del tiempo máximo de identificación a un plazo de dos horas, entre otras reivindicaciones sobre su indefensión.